Las autoridades de Casanare encendieron las alertas de seguridad tras la circulación de un video atribuido a presuntas disidencias del frente 28 de las Farc, en el que se amenaza a los 19 alcaldes del departamento y se exige a los mandatarios municipales participar en encuentros con esta estructura armada ilegal.

El material audiovisual fue puesto en conocimiento durante un consejo extraordinario de seguridad este lunes, en el que participaron comandantes de las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia, con el propósito de analizar las amenazas y coordinar acciones de respuesta.

El Gobernador Cesar Ortiz Zorro señaló que no se puede permitir que este tipo de intimidaciones genere terror entre la población y las autoridades locales. En el video, los presuntos integrantes del grupo armado argumentarían tener derecho a la coadministración y a conocer el manejo de los presupuestos municipales.

Ante esta situación, el mandatario solicitó revisar los esquemas de seguridad de los alcaldes y escuchar las necesidades particulares de cada mandatario. La Policía Nacional deberá adelantar los estudios de riesgo correspondientes, mientras que la Fiscalía y las autoridades competentes gestionarán las actuaciones necesarias ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de evaluar las medidas de protección.

En el encuentro de seguridad también se advirtió sobre las presuntas presiones que estarían ejerciendo integrantes de esta estructura armada contra comerciantes y empresarios, en medio de dificultades económicas del grupo. Por ello, se hizo un llamado a no acudir a citas convocadas por estas organizaciones al margen de la ley y a informar oportunamente a las autoridades sobre cualquier intimidación.

Se insistió en la necesidad de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en zonas donde se requiere mayor acompañamiento y se pidió al Gobierno nacional prestar especial atención a la situación de orden público en Casanare, para evitar que los alcaldes enfrenten solos estas amenazas.

Igualmente se informó  que el gobernador del departamento también ha sido objeto de amenazas desde 2024, un antecedente que, según lo expuesto, refuerza la preocupación por las condiciones de seguridad de los mandatarios y líderes institucionales de la región.