El Proyecto de Ley número 422 de 2026, por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2028, plantea un escenario de contracción financiera para los departamentos y municipios productores de hidrocarburos, siendo Casanare uno de los más afectados. 

La iniciativa gubernamental refleja una reducción global de los ingresos proyectados para el sistema, pasando de 30,95 billones de pesos en el bienio anterior a 27,54 billones de pesos, lo que representa una disminución del 11%. Esta contracción presupuestal generalizada restringe drásticamente el margen de maniobra fiscal de las regiones que dependen fundamentalmente de la renta petrolera para apalancar sus inversiones sociales y de infraestructura. 

En el caso específico de Casanare, la caída de los ingresos del SGR se ve agravada por la declinación natural de la producción de hidrocarburos y los supuestos macroeconómicos planteados en el Plan de Recursos 2027 - 2036, que estiman una reducción en la contribución del sector petrolero a nivel nacional (el cual pasará de 0,9% a 0,7% del PIB).

Dado que el departamento y municipios como Yopal, Aguazul y Tauramena concentran una parte vital de las asignaciones directas del país, la menor disponibilidad de recursos limita de manera directa la ejecución de proyectos estratégicos orientados al cierre de brechas regionales y a la diversificación productiva local.

Sumado a la reducción de los flujos corrientes, el proyecto de ley introduce estrictas limitaciones operativas y fiscales que impactan la autonomía de las entidades territoriales. Entre ellas destaca la disposición que faculta a las instancias de aprobación para comprometer proyectos únicamente hasta por el 60% de la apropiación de ingresos corrientes proyectados durante el primer año de la vigencia (2027), obligando a un bloqueo institucional de recursos en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR). Esta medida, si bien busca garantizar la responsabilidad fiscal ante la incertidumbre internacional, frena la capacidad de contratación inmediata de las administraciones locales casanareñas. 

Otro de los aspectos más críticos para Casanare, radica en los persistentes rezagos en la ejecución y los trámites burocráticos asociados a la viabilización de proyectos. Durante las discusiones de la Comisión Rectora del SGR, las autoridades locales advirtieron que la lentitud en la revisión por parte de los ministerios y los constantes cambios en los requisitos técnicos retrasan iniciativas fundamentales para el desarrollo municipal. Esta situación de estancamiento administrativo impide que los recursos ya aprobados se traduzcan con agilidad en obras reales de alto impacto social para las comunidades urbanas y rurales de la región.

El panorama financiero descrito en el articulado del proyecto exige a Casanare y a sus municipios adoptar una política de máxima prudencia en el uso de vigencias futuras y operaciones de crédito público. Los analistas del gobierno y los miembros de la Comisión Rectora han recomendado limitar el compromiso de recursos futuros a un porcentaje prudencial del 25% frente al límite legal del 50%, debido a la alta volatilidad de los precios internacionales y la declinación de los campos maduros. En consecuencia, el nuevo marco normativo plantea un reto estructural severo para Casanare, obligándolo a gestionar con mayor eficiencia unos recursos cada vez más escasos y a replantear su sostenibilidad económica a mediano plazo.

Casanare perdería más de $319.000 millones en regalías para 2027 - 2028

El representante a la Cámara Diego García advirtió que con dicho proyecto de ley, Casanare pasaría de recibir cerca de $1,049 billones a $730.224 millones en regalías durante el bienio 2027 - 2028, una caída del 30,4%. 

Según el congresista, la reducción, que afecta a cinco asignaciones del Sistema General de Regalías, se debe a la caída de la producción petrolera y comprometería obras de infraestructura vial, agua potable, saneamiento básico, empleo y programas sociales. 

“No podemos permitir que Casanare, después de décadas de aportar su riqueza petrolera al país, termine pagando las consecuencias con menos recursos para su propio desarrollo”, afirmó García. Anunció que desde el Congreso ejercerá control al proyecto de presupuesto y defenderá los recursos que le corresponden a Casanare y a la Orinoquía.