Luis Pérez, vocero de la Fundación Little Guardians, denunció presuntas irregularidades y posibles sobrecostos en el contrato para la implementación del sistema de videovigilancia de Yopal, proyecto que será puesto próximamente al servicio de la ciudad y que es financiado con recursos del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, y de la Gobernación de Casanare. La organización informó que presentó denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría, además de una acción popular para solicitar la protección del patrimonio público.

Según Pérez, la fundación identificó diferencias entre los valores incluidos en el contrato y los precios de mercado de algunos componentes, como aires acondicionados de 24.000 BTU y cámaras PTZ, por lo que considera necesario que un peritaje técnico determine si existen sobrecostos y posibles afectaciones a los recursos públicos. No obstante, aclaró que corresponde a los organismos de control establecer si hubo o no detrimento patrimonial.

El vocero explicó que el contrato incluye la instalación, red de fibra óptica, plantas eléctricas, UPS, gabinetes y demás elementos necesarios para el funcionamiento del sistema, pero aseguró que, incluso considerando esos componentes, persisten dudas sobre el costo de algunos ítems. Agregó que la fundación realizó comparaciones con cotizaciones de mercado y otros proyectos similares para sustentar sus observaciones.

Pérez también señaló que la organización no se opone a la ejecución del proyecto de seguridad para Yopal y, por el contrario, considera importante fortalecer la videovigilancia de la ciudad. Sin embargo, afirmó que busca garantizar que la contratación pública se ajuste a criterios de eficiencia y economía, razón por la cual solicitó que el contrato no sea liquidado hasta que se resuelvan las medidas cautelares planteadas en la acción popular.

Actualmente, la Contraloría adelanta una investigación preliminar relacionada con las denuncias, mientras que la Procuraduría aún no ha informado sobre posibles actuaciones disciplinarias. La acción popular ya fue repartida al Tribunal Administrativo de Casanare, donde la fundación espera que un peritaje independiente establezca si las presuntas inconsistencias tienen fundamento y si procede algún tipo de responsabilidad.