La Asamblea Departamental de Casanare anunció la reapertura del proceso para la elección del contralor departamental, luego de superar los inconvenientes jurídicos que impidieron realizar el nombramiento el año anterior. El presidente de la corporación explicó que, al asumir el cargo, encontró un contrato suscrito con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el cual, tras una revisión jurídica, presentaba presuntas irregularidades que ponían en riesgo la legalidad de todo el proceso de selección.

Según indicó, el diputado Henry Pérez, Presidente de la Duma, la mesa directiva decidió adelantar una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual fue avalada posteriormente por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal. De acuerdo con el fallo judicial, durante la revisión del expediente y de la contratación se evidenciaron presuntas fallas en el proceso de selección de la universidad realizado durante la presidencia del entonces diputado Juan Fernando Mancipe. No obstante, el actual presidente de la Asamblea aseguró que el objetivo fue proteger la legalidad del proceso y evitar perjuicios para la corporación, razón por la cual el contrato con la Universidad Distrital fue liquidado de mutuo acuerdo y sin generar pagos.

El diputado anunció que ya fue expedida la resolución que abre oficialmente la convocatoria pública para que universidades de todo el país presenten sus propuestas y presten el acompañamiento técnico y jurídico requerido para la elección del nuevo contralor departamental. La resolución permanecerá publicada hasta este viernes y, a partir del lunes y hasta el 10 de agosto, las instituciones interesadas podrán radicar sus ofertas. Explicó que, a diferencia de procesos anteriores, esta convocatoria será abierta y se remitió invitación a las 101 universidades acreditadas en alta calidad identificadas por el Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de garantizar los principios de pluralidad, transparencia y libre concurrencia.

Frente a los recursos comprometidos en los procesos anteriores, el presidente de la Asamblea precisó que la conciliación con la Universidad Distrital se realizó por cero pesos, evitando una afectación económica para el departamento. Sin embargo, recordó que durante la administración anterior también se suscribió un contrato con la Universidad de Cartagena, por el cual fueron girados 10 millones de pesos, recursos cuyo destino y ejecución serán materia de investigación por parte de los organismos de control. En ese sentido, informó que la corporación remitió a la Procuraduría General de la Nación toda la documentación relacionada con la trazabilidad del proceso para que determine si existen responsabilidades disciplinarias o de otra índole.

El presidente de la Asamblea manifestó que el nuevo proceso busca evitar los errores que llevaron al fracaso de las convocatorias anteriores. Señaló que el equipo jurídico trabaja para garantizar el cumplimiento de la Ley 1904 de 2018 y de los principios de transparencia, asegurando que la elección del próximo contralor departamental se realice con todas las garantías legales, tanto para las universidades participantes como para los aspirantes al cargo. Además, evitó pronunciarse sobre versiones relacionadas con una presunta falsificación de documentos durante el proceso anterior, indicando que ese asunto deberá ser esclarecido por las autoridades competentes si llegan a presentarse las denuncias correspondientes.