El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió una Acción Popular presentada por el ciudadano Luis Ángel Luna, con la que se busca obligar a entidades nacionales, departamentales y municipales a implementar soluciones definitivas para la vía del Cusiana y avanzar en la construcción de una ruta alterna que garantice la conectividad entre Casanare, Boyacá y Arauca.

Según el accionante, la demanda fue radicada contra 14 entidades por la presunta vulneración de varios derechos colectivos, entre ellos la protección del patrimonio público. Explicó que desde 2002 se han invertido cerca de 460.000 millones de pesos en intervenciones sobre este corredor vial sin que exista una solución estructural a los problemas ocasionados por las fallas geológicas.

Luna señaló que la acción popular se diferencia de procesos anteriores porque no solicita únicamente el mantenimiento de la carretera, sino un plan de corto, mediano y largo plazo para garantizar la estabilidad de la vía, además de una alternativa de conexión. También propone medidas compensatorias, como inversiones de varios ministerios en la región y la revisión del cobro de peajes mientras persistan las dificultades de transitabilidad.

El accionante indicó que el proceso continúa con la etapa de notificación de las entidades demandadas y estimó que la primera audiencia de pacto de cumplimiento podría realizarse en un plazo de seis a siete meses. Afirmó que el objetivo es lograr una sentencia que obligue al Estado a ejecutar soluciones de fondo para este corredor estratégico, considerado clave para la movilidad y el desarrollo económico de Casanare, Boyacá y Arauca.