Durante el más reciente Consejo de Política Social de Casanare, las autoridades departamentales presentaron el balance de ejecución de sus tres principales políticas públicas orientadas al bienestar de las comunidades.

El informe oficial reveló que la Política de Emprendimiento, bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollo Económico, se consolida como la más avanzada con un 75% de cumplimiento, seguida por la Política de Bienestar y Cuidado Animal, que alcanza un 60%. 

En contraste, la Política de Salud Mental se ubica hasta ahora en su etapa inicial, concentrando sus esfuerzos actuales en el desarrollo de la fase de diagnóstico técnico para definir sus líneas de acción, informó Alfonso Cárdenas, Secretario de Planeación de Casanare.

Según Cárdenas, la falta de engranaje presupuestal entre la Gobernación y las alcaldías fue señalada como una de las principales barreras para el éxito de los programas sociales. Los alcaldes manifestaron que los planes bien intencionados suelen truncarse si no existe una cofinanciación coordinada que respalde las metas en el territorio. Frente a este requerimiento, las autoridades departamentales calificaron la propuesta como una sugerencia completamente válida y se comprometieron a redefinir los esquemas de inversión conjunta, priorizando aquellas localidades donde los indicadores sociales muestran una incidencia más crítica.

La sesión del Consejo también abrió sus puertas a las peticiones de los sectores comunitarios y colectivos minoritarios de la región. El representante de la Federación Comunal solicitó formalmente la apertura de una mesa de trabajo exclusiva con el gobernador para abordar problemáticas transversales de las organizaciones de base. De igual forma, los delegados de la comunidad LGBTIQ+ expusieron reclamos puntuales en materia de inclusión cultural y solicitaron ajustes en las delegaciones institucionales, logrando el compromiso de la administración de convocar a mesas técnicas específicas durante el transcurso de esta semana.

Los participantes acordaron modificar la dinámica de las futuras sesiones ordinarias del Consejo en aras de fortalecer la gobernanza institucional. A solicitud de las agencias acompañantes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se determinó que cuando el gobernador no pueda asistir por cruces de agenda, las fechas serán reprogramadas para asegurar su presencia directa. Con este ajuste y la revisión de los horizontes financieros, Casanare busca blindar sus políticas sociales, condicionando su continuidad a una estructura presupuestal real que responda a las necesidades de la población.