En medio de crecientes denuncias laborales, trabajadores vinculados al Consorcio “Gestión Energética del Casanare”, contratista encargado de procesos de recuperación de energía por pérdidas no técnicas para Enerca, decidieron hacer públicas una serie de presuntas irregularidades que, según afirman, vienen afectando tanto al personal operativo como a usuarios del servicio eléctrico en diferentes sectores del departamento.

Los denunciantes aseguran que existen retrasos en pagos de obligaciones sociales como cesantías, incumpliendo presuntamente lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, además de reportarse pagos irregulares de salarios, presión laboral y posibles casos de acoso por parte de directivos de la compañía.

Según los trabajadores, la empresa exigiría condiciones laborales que pondrían en riesgo la integridad del personal, incluyendo labores en redes de media tensión superiores a 13.200 voltios sin ropa ignífuga ni protocolos adecuados de trabajo en alturas.

También señalan que se les obliga a mantener ubicación en tiempo real mediante aplicaciones móviles, pese a que los vehículos corporativos cuentan con sistemas GPS. A esto se sumarían despidos masivos que ya reposan en denuncias ante el Ministerio de Trabajo por presunta terminación injustificada de contratos, así como inconformidades frente a investigaciones adelantadas tras el fallecimiento de un trabajador ocurrido a comienzos de este año.

Las denuncias también apuntan a posibles irregularidades técnicas en los procedimientos realizados a usuarios del servicio eléctrico. De acuerdo con los testimonios, las pinzas voltiamperimétricas utilizadas para la toma de magnitudes eléctricas no contarían con certificados de calibración ni seriales identificables, mientras que algunas pruebas a medidores se realizarían con estufas eléctricas improvisadas que no garantizarían transparencia ni exactitud en los resultados.

Los trabajadores afirman que en varios casos se estaría obligando a usuarios a reemplazar medidores aun cuando las pruebas resultan conformes, situación que podría derivar en sanciones económicas injustificadas.

Finalmente, los denunciantes cuestionaron la gestión de un director operativo, a quien señalan de mantener prácticas de presión laboral, presuntos tratos denigrantes hacia el personal y decisiones que afectarían a comunidades vulnerables en sectores como La Pedrera y La Bendición, donde —afirman se han realizado suspensiones del servicio y retiro de cableado en viviendas de familias de bajos recursos.

Además, aseguran que actualmente existirían contrataciones “a dedo”, favoreciendo familiares y personal de otros departamentos sin abrir convocatorias para trabajadores casanareños. Los denunciantes entregaron algunos videos y pruebas que soportan algunas irregularidades, pero solicitaron reserva de su identidad por temor a represalias.