La Ley 2628 de 2026 establece nuevas rutas de atención en salud y educación, promueve la inclusión laboral y           fortalece el apoyo a las familias y cuidadores. La iniciativa contó con la autoría de la ex representante Carolina Arbeláez y el liderazgo social de TEA Casanare, representado por Andrea Salcedo.

El Gobierno Nacional sancionó la Ley 2628 del 26 de agosto de 2026, conocida como Ley TEA, una norma que busca transformar la atención y protección de las personas con trastorno del espectro autista, otros trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares en Colombia.

La ley establece medidas para facilitar el acceso a servicios de salud, educación, trabajo, vivienda, movilidad, recreación y deporte. También ordena avanzar en la detección temprana y garantizar diagnósticos oportunos, tratamientos integrales y mejores condiciones de inclusión social.

La iniciativa nació con la autoría e impulso de la exrepresentante a la Cámara Adriana Carolina Arbeláez Giraldo. Durante su trámite legislativo contó con la ponencia del entonces representante por Casanare Hugo Alfonso Archila Suárez y con el liderazgo de organizaciones sociales como TEA Casanare, representada por Andrea Salcedo, vocera de familias y cuidadores de personas autistas en ese departamento.

De acuerdo con la ficha del proyecto publicada por la Cámara de Representantes, la iniciativa fue tramitada como el Proyecto de Ley 137 de 2024 en el Senado y 535 de 2026 en la Cámara.

 Certificación y rutas de atención

Uno de los principales cambios será la creación del Certificado Único de Trastorno del Neurodesarrollo. Este documento deberá ser expedido, en un plazo máximo de dos meses, por centros especializados ubicados en territorios que cuenten con redes de salud de alta complejidad.

El trámite será voluntario y su ausencia no podrá convertirse en una barrera para acceder a servicios médicos. La certificación permitirá facilitar el reconocimiento de beneficios en salud, educación, cultura, recreación, transporte y vivienda.

El Ministerio de Salud tendrá un año para crear una política pública de atención, acompañamiento y protección, así como una ruta médica clara y de acceso público. La norma también ordena actualizar los protocolos clínicos y capacitar al personal de atención primaria.

Nuevas garantías en la educación

La ley dispone la creación de una ruta nacional de inclusión escolar y ordena establecer cupos para estudiantes con autismo y otros trastornos del neurodesarrollo en instituciones educativas públicas y privadas.

También contempla la capacitación progresiva de docentes, la especialización de la atención según las necesidades de cada estudiante y la adecuación de espacios seguros para menores con hipersensibilidad.

El sistema nacional de matrículas deberá incorporar información que permita conocer cuántos estudiantes presentan estas condiciones y cuáles son sus necesidades. La norma aclara que el autismo no podrá registrarse como un trastorno psicosocial.

 Apoyo a familias, cuidadores y trabajadores

Los familiares de personas diagnosticadas podrán acogerse a medidas de flexibilidad laboral para acompañarlas. A su vez, el Ministerio de Trabajo y el Sena deberán promover ofertas específicas de empleo y emprendimiento para esta población y sus cuidadores.

La ley crea además el Comité Nacional de Inclusión, que deberá reunirse por lo menos dos veces al año y presentar al Congreso un informe anual sobre los avances en la implementación de las medidas.

El Dane y los ministerios de Salud y Educación tendrán que fortalecer sus registros estadísticos. El propósito es establecer cuántas personas tienen diagnósticos relacionados con el neurodesarrollo y utilizar esa información para formular políticas públicas.

La sanción de la Ley TEA representa un avance para miles de familias que durante años han denunciado demoras en los diagnósticos, ausencia de personal especializado, barreras educativas y dificultades para acceder a tratamientos.

El reto comienza ahora con su reglamentación y aplicación en departamentos y municipios. La efectividad de la norma dependerá de que las obligaciones escritas se conviertan en servicios, profesionales, recursos y oportunidades reales para las personas autistas y sus familias.