La defensa de Narda Consuelo Perilla Alonso, exgerente del IDURY y actual secretaria de Planeación de Yopal, logró que la Contraloría General de la República reconsiderara la decisión que inicialmente la declaraba responsable fiscal por cerca de $12.000 millones, dentro del proceso relacionado con el proyecto habitacional Torres del Silencio. El abogado Gonzalo Ramos explicó que la decisión fue modificada tras los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación presentados por la defensa.

Según Ramos, a Perilla se le atribuía participación en 23 pagos realizados durante el periodo comprendido entre junio de 2013 y junio de 2015, debido a que, en su condición de supervisora, tenía una de las tres firmas requeridas para avalarlos. Sin embargo, la defensa argumentó que no existían pruebas de que la funcionaria conociera previamente las fallas estructurales o de sismorresistencia que posteriormente afectaron el proyecto.

El abogado señaló que, por el contrario, Perilla habría actuado de manera diligente al emitir alertas sobre incumplimientos del contratista, lo que permitió que la oficina jurídica de la Alcaldía de Yopal iniciara actuaciones relacionadas con el contrato. La Contraloría, según explicó, concluyó que no se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de la entonces supervisora y determinó que su actuación había sido diligente.

Ramos aseguró que la decisión resulta favorable y definitiva para Perilla Alonso frente a los $12.000 millones que inicialmente se le atribuían, aunque el proceso general por Torres del Silencio continúa respecto de otras personas vinculadas. La responsabilidad fiscal de los demás investigados deberá ser revisada por la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría, mientras las autoridades avanzan en las soluciones habitacionales para las familias afectadas por las fallas del proyecto.