El exsecretario de Hacienda de Yopal, Mauricio Moreno Pérez, calificó como desinformación los comentarios que buscan atribuirle decisiones que, según él, no tomó, en el contrato de actualización catastral.

El exfuncionario aclaró que, en junio de 2022, en su rol como secretario de Hacienda, únicamente solicitó cotizaciones preliminares a empresas públicas para estimar cuánto podría costarle a la ciudad este proyecto y así asegurar los recursos ante el OCAD Paz.

Sin embargo, precisó que el estudio de mercado definitivo, el cual fijó las reglas de la contratación, estuvo a cargo de Gelman Mauricio Aguirre Hernández, profesional contratado por la Secretaría de Planeación, y fue revisado por el actual director de Planeación Departamental, el Dr. Alfonso Cárdenas Silva, quien para ese momento era funcionario de la Secretaría de Planeación Municipal.

“Todo el proceso fue dirigido exclusivamente por la Secretaría de Planeación”, afirmó Moreno Pérez, basándose en varios documentos expedidos por esa dependencia:

• 24 de junio de 2023: El estudio previo identificado con el No. 2023-2062 fue elaborado, viabilizado y firmado de manera exclusiva por la Secretaría de Planeación Municipal.

• 26 de junio de 2023: La resolución de justificación para proceder con la contratación directa fue emitida y firmada únicamente por la Secretaría de Planeación.

• 27 de junio de 2023: Se firmó el Convenio 1707. En su cláusula 18 se señaló explícitamente que la supervisión de la ejecución y el cumplimiento del contrato quedaba asignada exclusivamente a la Secretaría de Planeación Municipal.

Moreno Pérez advirtió que, casi un mes después de firmado el contrato, la Secretaría de Planeación argumentó en un comité (28 de junio de 2023) que, por un “error de digitación”, se había omitido incluir a la Secretaría de Hacienda en la vigilancia del convenio. Por esta razón, el 19 de julio de 2023 se publicó el Otrosí No. 01, mediante el cual fue incluida para ser parte de la supervisión junto a Planeación.

El exsecretario detalló que la ejecución del convenio no inició de manera inmediata con actividades operativas en campo, ya que la ley exigía un proceso técnico previo de “empalme” con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

“Durante los casi tres meses que estuve como supervisor, la empresa CATASIG no ejecutó actividades de actualización. A un mes de iniciada la ejecución, el panorama nacional cambió”, explicó.

La entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 y la expedición de la Resolución 1040 de 2023 del IGAC modificaron las reglas del proceso: el plazo para la fase de empalme pasó de 3 a 6 meses y el término mínimo del gestor pasó de 2 a 3 años.

Ante este escenario, el propio IGAC (Rad. 2300DRH-2023-000487-EE-002 del 26 de julio de 2023) recomendó esperar la nueva regulación, lo que derivó en que el contratista CATASIG solicitara formalmente la suspensión del convenio el 22 de septiembre de 2023.

Frente a esta inactividad operativa impuesta por el nivel nacional, su actuación según Moreno, consistió en documentar institucionalmente la situación. Durante su permanencia en el rol, elaboró, revisó y radicó informes (10 de agosto, 7 de septiembre, 9 de octubre y 10 de noviembre de 2023), dejando trazabilidad formal de que no hubo avances físicos ni operativos y evidenciando de manera transparente los bloqueos generados normativamente por el IGAC.

El exfuncionario dejó constancia de que la Secretaría de Planeación había contratado oportunamente a su propio equipo de profesionales altamente especializados para la supervisión integral del gestor catastral:

• Apoyo al componente técnico y administrativo (Contrato 1874.2023 - Gelman Mauricio Aguirre).

• Apoyo al componente jurídico y legal (Contrato 1880.2023 - Paula Yulixa López).

• Apoyo al componente financiero y contable (Contrato 1881.2023 – Cristian Leandro Garzón, cedido el 7 de diciembre de 2023 a María Maginduth Larios Jiménez).

Sabiendo que Planeación contaba con toda la capacidad técnica instalada para auditar temas de topografía, cartografía y sistemas de información geográfica, y amparado en el Acuerdo Municipal 002 de 2022, que habilitó la creación de la Dirección de Gestión Catastral en dicha secretaría, Moreno ejecutó acciones formales para su desvinculación.

A través de la comunicación oficial 1400.0120.0-1200 del 2 de octubre de 2023, argumentó ante el despacho del alcalde que la Secretaría de Hacienda solo tiene injerencia en el producto final para la liquidación del predial y que las labores operativas de actualización en campo eran competencia exclusiva de Planeación.

En consecuencia, fue retirado en el acta de reunión del 29 de septiembre de 2023, lo que se formalizó mediante el Otrosí No. 04 (publicado en el SECOP II el 10 de octubre de 2023), desligándolo por completo del contrato de manera transparente, mucho antes de que el gestor catastral iniciara cualquier valoración de predios en el municipio.

Como lo certificó oficialmente la gerencia de CATASIG el 27 de marzo de 2025 (Rad. 049320250327), la participación de Hacienda en las etapas posteriores fue netamente como entidad receptora. Tras participar el 29 y 30 de octubre de 2024 en una mesa técnica únicamente para conocer proyecciones no definitivas, la base de datos oficial (archivos R1 y R2) fue entregada apenas el 31 de enero de 2025.

Una vez recibida la base, Moreno Pérez convocó mesas de trabajo urgentes para revisar metodologías y aplicar acciones de mitigación. Sin embargo, la dejación de su cargo fue aceptada el 3 de marzo de 2025.

El exfuncionario aclaró que, en tan solo 32 días calendario, era humana, legal y materialmente imposible proyectar estudios financieros y lograr que el Concejo Municipal estudiara y aprobara un acuerdo con incidencia tributaria.

Estas modificaciones requieren estudios de impacto fiscal que son inviables en 30 días y sus efectos legales iniciarían en la vigencia fiscal siguiente.

No obstante, según Moreno, “actuando con total responsabilidad y planeación estratégica, dejó estructurada la ruta a seguir en su informe de gestión de empalme” (Sección 1.7 -Dirección de Rentas), con las siguientes recomendaciones fundamentales para gestionar la crisis:

Proyecto de acuerdo municipal: La recomendación expresa de tramitar un proyecto para regular el impacto de la actualización catastral en el impuesto predial y modificar el sistema de pago por cuotas para aliviar la carga económica de los ciudadanos.

Sistematización: La necesidad urgente de avanzar en el desarrollo tecnológico para la sistematización de los procesos de fiscalización, paso indispensable para cruzar la nueva data catastral sin afectar la parametrización de los contribuyentes.

“Las acciones ejecutadas demuestran que durante mi corto rol como supervisor ejercí un control administrativo estricto frente a los obstáculos del IGAC; me aparté legalmente cuando la supervisión exigía un rol que no me correspondía; y, al final de mi gestión, dejé las recomendaciones de modificación normativa para proteger a los yopaleños”, concluyó Moreno Pérez.