Líderes comunales de la Comuna 7 de Yopal manifestaron su preocupación por una demanda interpuesta contra la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, relacionada con el predio donde funciona una estación de bombeo construida hace más de 15 años para mitigar problemas ambientales en el sector.

Según explicaron, la acción judicial fue instaurada en 2021 por la empresa Arrecifes Bienes Raíces S.A.S., la cual alega haber adquirido el terreno en 2018. De acuerdo con lo expuesto por los voceros comunitarios, los demandantes reclaman una indemnización cercana a los 300 millones de pesos en 2021, cifra que aseguran hoy ascendería a aproximadamente 600 millones.

Los líderes indicaron que la planta fue diseñada hacia 2008 y construida entre 2009 y 2010, como respuesta a las quejas por vertimientos de aguas residuales que afectaban sectores como Tacarimena y barrios aledaños. La infraestructura, señalaron, es clave para el manejo de aguas residuales de una amplia zona que comprende barrios desde la calle 30 hasta la 40, incluyendo Llano Vargas, Bosques de Sirivana y sectores vía Matepantano.

En el proceso judicial, cuya etapa de alegatos culminó el pasado 29 de enero, se espera que el 12 de febrero se surtan los alegatos de conclusión. El fallo podría conocerse entre junio y septiembre de este año. Según lo expresado por los voceros, la empresa de acueducto tendría altas probabilidades de obtener un resultado favorable.

Históricamente, el terreno haría parte de un proyecto de vivienda impulsado hacia 2005 o 2006, cuando la Gobernación habría adquirido cerca de 10 hectáreas para beneficiar a unas 900 familias. Parte de esos recursos se habrían destinado a la construcción de redes de alcantarillado y la estación de bombeo.

Los representantes comunitarios señalaron que, de prosperar la demanda y ordenarse la entrega del predio, podrían generarse graves afectaciones ambientales y sanitarias para cerca de 19.000 habitantes del sector. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades judiciales y administrativas para revisar a fondo el caso y garantizar la protección del interés general sobre el particular.