El concejal Edinson Silva, del municipio de Maní, denunció presuntas irregularidades y sobrecostos en un contrato de la administración municipal, identificado como el 210 de 2026 y relacionado con la adquisición de elementos de cafetería, mobiliario y equipos electrónicos. Según el cabildante, el contrato fue gestionado desde la Secretaría de Planeación, en cabeza del ingeniero Henry García Ropero, y tras revisar los valores establecidos frente a referencias comerciales y precios de Colombia Compra Eficiente, encontró diferencias que calificó como desproporcionadas.

Entre los elementos que generaron cuestionamientos está una libra de café molido presupuestada en aproximadamente $108.862, cuando, de acuerdo con las referencias citadas por el concejal, una libra de café de marcas reconocidas tendría precios comerciales entre $20.000 y $35.000. Silva también cuestionó el valor de una mesa tipo isla de 4,5 metros, cuyo costo en el contrato sería cercano a $17,2 millones, mientras que, según su revisión de catálogos de mobiliario de Colombia Compra Eficiente, elementos con características similares tendrían valores entre $3 millones y $4,5 millones.

El concejal también puso bajo la lupa un televisor de 55 pulgadas con resolución 4K, presupuestado en aproximadamente $5,6 millones, frente a precios de referencia que, según manifestó, estarían entre $1,5 millones y $2,1 millones para equipos de marcas reconocidas. Asimismo, cuestionó una cabina de sonido activa portátil de ocho pulgadas, con Bluetooth y batería integrada, cuyo valor dentro del contrato sería de $5,2 millones, mientras que, según sus consultas, equipos con características similares se encontrarían en el mercado entre $500.000 y $1,2 millones.

Silva señaló además que el pasado 7 de septiembre presentó un derecho de petición para solicitar información técnica y detallada sobre el contrato 210 de 2026, pero aseguró que hasta la fecha no había recibido la documentación requerida. El concejal manifestó que, ante lo que considera falta de entrega de información pública, decidió poner el caso en conocimiento de las entidades competentes para que sean estas las encargadas de establecer si efectivamente existieron o no sobrecostos o irregularidades en el proceso contractual.