La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, informó que se adelanta una revisión de contratos, convenios y actuaciones administrativas del gobierno anterior, porque se han identificado situaciones que requieren un examen técnico y jurídico más profundo.

“Encontramos contratos y donaciones dudosas e injustificadas con ejecución concentrada en el periodo de campaña presidencial, nombramientos en provisionalidad sin cumplimiento de requisitos, y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios cuya información, soportes y estado de legalización o cierre están siendo verificados”, dijo Suárez.

La directora dispuso un equipo interdisciplinario para profundizar en las auditorías y establecer el estado de los recursos públicos comprometidos, verificar el cumplimiento de las normas y determinar las acciones que correspondan.

Entre los asuntos bajo revisión se encuentran:

Contratos por altos montos con una ejecución concentrada en los meses de la campaña presidencial, para establecer su justificación, ejecución, cumplimiento y destinación de los recursos.

Actuaciones relacionadas con más de una decena de nombramientos en cargos de provisionalidad, frente a las cuales no se verifica el cumplimiento de requisitos y de las normas asociadas a la carrera administrativa, denunciadas por el sindicato.

Cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución, sobre los cuales no se encontró información suficiente: soportes por revisar y procesos de legalización o cierre cuyo estado debe ser establecido.

Más de 900 contratos de prestación de servicios de los que no está verificada su necesidad.

Entrega de donaciones sin claridad de beneficiarios finales, concentradas en el primer semestre de 2026.

Procesos de difusión y otras actuaciones contractuales y administrativas que también están siendo verificados.

El análisis responde principalmente a información alertada, denunciada y aportada por funcionarios, sindicatos de la entidad e informes de los organismos de control que está siendo revisada y contrastada.

“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, dijo Suárez.

Las situaciones examinadas, priorizadas desde la llegada de la nueva administración, corresponden a actuaciones del gobierno anterior y están siendo analizadas para establecer con rigor qué ocurrió y proteger los recursos públicos destinados al cumplimiento de la misión de Prosperidad Social.

Esta etapa es de verificación y no constituye una determinación de responsabilidad.

La directora anunció que los hechos documentados que puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a los organismos de control y autoridades competentes, con respeto por el debido proceso. “Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, agregó Suárez. Prosperidad Social informará oportunamente los avances y resultados de este proceso.