La Fundación Little Guardians anunció que radicará solicitudes de apertura de procesos disciplinarios internos y una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación en contra de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia).

La acción jurídica surge tras la controvertida decisión de la entidad ambiental de apelar un fallo judicial que la obligaba a frenar los vertimientos ilegales de aguas negras del Hotel 'La Bendición' sobre el canal La Milagrosa, una maniobra que, según la ONG, dilatará la solución de fondo entre dos y tres años y beneficiará exclusivamente al complejo hotelero infractor.

Luis Pérez, representante de la fundación, calificó el actuar de la autoridad ambiental como un contrasentido jurídico e institucional. "No entendemos la lógica de Corporinoquia de apelar una sentencia que lo único que busca es proteger el medio ambiente, que es de todos; si ellos son conscientes del daño, deberían usar el fallo para presionar judicialmente el cese de la contaminación", denunció penalmente el activista, al recordar que el hotel opera sin permisos ambientales desde el año 2015 y que, a pesar de las medidas cautelares de sellamiento parcial, continúa generando graves infiltraciones de materia fecal en el subsuelo que amenazan la salud pública de las comunidades ribereñas río abajo.

Cuestionan argumentos de inoperancia institucional

Frente a las justificaciones de Corporinoquia respecto a que carece de la capacidad operativa y de personal para monitorear los delitos ambientales a lo largo de su vasta jurisdicción, la veeduría civil desvirtuó tajantemente dichos argumentos. La organización demostró que existen herramientas digitales e información científica de carácter gratuito, tales como la plataforma satelital Global Forest Watch para la deforestación o los mapas de calor del IDEAM para conflagraciones, que permitirían un seguimiento riguroso y en tiempo real si existiese la voluntad técnica y administrativa por parte de la corporación.

Para respaldar la viabilidad del monitoreo remoto sin presupuesto estatal, Pérez expuso el éxito judicial de la fundación a través de 25 demandas de acción popular activas en el país, destacando un litigio estratégico en Barrancabermeja contra Ecopetrol por la presunta contaminación de la ciénaga El Llanito para proteger al Manatí Antillano. 

"Nosotros logramos estructurar ese caso con cotejo de información científica y técnica sin haber estado nunca en el lugar ni contar con recursos públicos; no es justificable que la máxima autoridad ambiental de la región, que recauda millonarios recursos, espere sentada a que lleguen las denuncias con coordenadas exactas", enfatizó.

"Como Corporinoquia goza de autonomía administrativa, los únicos que pueden ponerle cintura a esta situación son la Procuraduría y el Ministerio de Ambiente. Es urgente que auditen por qué tras años de recaudar dineros públicos no hay resultados tangibles en prevención", concluyó Pérez. 

La ONG anunció además que extenderá su ofensiva jurídica a los tribunales del país mediante una demanda nacional para regular los impactos ecológicos de malas prácticas en un sector de la industria arrocera.