Una acción popular en contra del bloque petrolero Llanos 34 fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Casanare por la fundación Little Guardians. El ambientalista Luis Pérez, representante de dicha organización señaló que las presuntas irregularidades ambientales relacionadas con la operación de la petrolera Geopark en varios municipios del departamento. La demanda también vincula a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Corporinoquia, la Gobernación de Casanare y las alcaldías de Tauramena, Villanueva y Maní.

Según explicó Pérez, el proceso jurídico fue construido durante cerca de ocho meses, tiempo en el que recopilaron documentos técnicos, expedientes sancionatorios y reportes ambientales que, asegura, evidencian posibles incumplimientos en materia de manejo ambiental e infraestructura dentro del corredor petrolero. El líder ambiental indicó que parte de la información solicitada a la compañía no habría sido entregada, pese a tratarse de datos de interés público relacionados con inversiones ambientales y sociales.

Entre los hallazgos expuestos en la demanda se mencionan presuntos derrames de crudo, fallas en líneas de flujo, afectaciones viales y plataformas construidas en zonas inundables. Pérez afirmó que algunas tuberías estarían instaladas de manera superficial, generando emisiones y riesgos ambientales, además de señalar deterioro en vías secundarias y terciarias utilizadas por vehículos de carga pesada vinculados a la actividad petrolera.

El activista también cuestionó la planificación de algunas plataformas petroleras dentro del bloque, señalando que estas habrían alterado el flujo natural del agua y generado inundaciones en predios cercanos. Asimismo, denunció la ausencia de pasos adecuados para fauna silvestre y posibles inconsistencias en el manejo de recursos destinados a compensaciones e inversiones ambientales autorizadas por las autoridades competentes.

Aunque el Tribunal admitió la acción popular, las medidas cautelares solicitadas fueron negadas en primera instancia. Entre ellas se pedía la suspensión provisional de operaciones en algunos sectores del bloque y la interrupción de nuevas obras relacionadas con drenajes y reinyección. Frente a esta decisión, los demandantes interpusieron un recurso de reposición y anunciaron que continuarán acompañando a las comunidades del corregimiento de Caribayona y otros sectores que, según indicaron, siguen reportando impactos ambientales y deficiencias en infraestructura básica.