En el marco de la audiencia ante la Corte Constitucional sobre el presunto desacato relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció presuntas irregularidades en la EPS intervenida Capresoca, señalando posibles manejos indebidos en la contratación durante el proceso de intervención liderado por el Gobierno Nacional.

Durante su intervención, el ministro advirtió que la agente interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto, designada por la Superintendencia de Salud, habría realizado cambios en contratos clave, especialmente en el suministro de medicamentos. Según indicó, uno de estos contratos fue adjudicado por cerca de 24.000 millones de pesos a una empresa que, al momento de recibirlo, contaba con un capital reducido y sin puntos de dispensación en Casanare.

Asimismo, el jefe de la cartera de Salud aseguró que también se modificó el operador de los servicios de salud mental en el departamento, retirando a un prestador con 15 años de experiencia para otorgar un contrato cercano a los 20.000 millones de pesos a una empresa proveniente de Barranquilla, la cual, según dijo, tenía un patrimonio limitado.

Estas decisiones, afirmó, incluso generaron preocupación en autoridades regionales por la llegada de personal externo para la prestación de servicios.

El ministro Jaramillo calificó la situación como “el robo más descarado” y aseguró que su papel ha sido poner en conocimiento de las autoridades competentes estos hechos para que se investiguen. Finalmente, sostuvo que ni el presidente de la República ni el propio ministerio tendrían responsabilidad directa en las decisiones cuestionadas, insistiendo en la necesidad de esclarecer lo ocurrido en esta EPS pública de Casanare.

Guillermo Alfonso Jaramillo, olvidó que la agente interventora de Capresoca EPS, Betty Anaya, fue nombrada por el propio Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud. La funcionaria fue suspendida provisionalmente por el término de tres meses por la Procuraduría General de la Nación, por el presunto deterioro de la prestación de los servicios de salud a sus usuarios. El Ministerio Público busca confirmar si omitió sus deberes, puesto que, según informe de la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, existe en Capresoca EPS un aumento progresivo en las barreras de acceso a los servicios de salud. También, la autoridad disciplinaria intenta establecer el deterioro financiero en la EPS y su disminución en la capacidad de pago y las razones por las cuales las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) a la fecha han crecido progresivamente aproximadamente en un 144 %.

Sobre el presunto desacato relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Jaramillo se ratificó en que el rubro no es insuficiente y que, por el contrario, el sistema cuenta hoy con una "financiación fortalecida". Afirmó que, sin embargo, "este esfuerzo histórico del Gobierno del Cambio" contrasta con el aumento de las deudas que tienen las EPS con hospitales, clínicas y trabajadores de la salud.