El asesinato del ganadero Rodrigo Correa Ortega, ocurrido hace 9 años y 10 meses, volvió a generar indignación, tras conocerse que el responsable, su propio vecino, recibió el beneficio de casa por cárcel.

El crimen se registró el primero de mayo de 2016, cuando la víctima ingresaba a su finca en zona rural de Yopal junto a su esposa. Según relató su hija, Janeth Correa, “lo estaban esperando dos delincuentes y lo asesinaron de siete impactos de bala, cuando se movilizaba en su vehículo”.

El pasado viernes se conoció la sentencia contra Julio César Hernández Caballero, declarado culpable como autor material del homicidio. El juez lo condenó a 39 años y 2 meses de prisión, pero le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por ser mayor de 65 años, decisión que desató indignación entre los familiares de la víctima.

Janeth Correa, hija de don Rodrigo, aseguró que la determinación judicial significa una revictimización para su familia. Explicó que el condenado cumpliría la pena en la finca colindante con la de ellos, el mismo lugar que, según sostuvo, fue el origen del conflicto por tierras que desencadenó el asesinato. “Solo nos divide una cerca de alambre”, afirmó, al advertir que su madre, quien presenció la muerte de su esposo tras 47 años de matrimonio, continúa viviendo allí.

La familia cuestionó que, pese a la gravedad del crimen, el responsable pudiera permanecer en su propiedad y desplazarse con relativa libertad. “Estábamos esperando una condena contundente, de principio a fin”, expresó la hija de la víctima, quien señaló que durante años debió encontrarse al condenado en las calles y escenarios públicos, situación que calificó como dolorosa y humillante.

También recordó que Hernández Caballero ya había sido condenado en 1987 por otro homicidio en Santander, antecedente que, en su criterio, debió pesar al momento de definir el lugar de reclusión. La familia manifestó temor por su seguridad y consideró que el mensaje que se envía es equivocado frente a delitos de esta magnitud.

El mismo día de la lectura del fallo, los familiares interpusieron recurso de apelación, por lo que el caso pasará a segunda instancia. “Pedimos justicia verdadera”, concluyó Janeth Correa, al solicitar que se revise la medida y que la condena se cumpla en un centro carcelario, mientras la decisión final queda en manos de los magistrados competentes.