Al auditar 42 proyectos financiados con recursos de regalías en este departamento, la CGR encontró inconsistencias en la inversión y determinó un posible detrimento al patrimonio público por $105.835 millones.
Barrera rechazó todo acto de violencia física o verbal que se presente en contra del personal médico que presta sus servicios en los centros hospitalarios del Departamento.
La condena fiscal cobija a otros exfuncionarios de Trinidad. El detrimento patrimonial se generó por la celebración de un contrato para construir el sistema de alcantarillado pluvial de Bocas del Pauto. Se pretendía recoger aguas lluvias provenientes de vías pavimentadas, sin que existieran tales calles.
De acuerdo con la investigación adelantada, trabajaba para integrantes de las autodefensas en procesos por narcotráfico y extinción de dominio, entre otros.
La que aparentaba ser por fin una decisión sensata del Alcalde procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y urbanización ilegal, convulsionó ayer la política local, originando reacciones de todos los sectores.