La decisión se da tras una Acción Popular presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Departamento de Casanare y el Municipio de Támara, al señalar sobre el inminente riesgo al que se exponen diariamente niños, mujeres con bebés, personas de la tercera edad para llegar al casco urbano de la población.
Según los trabajadores hubo una forma equivocada por parte de la Empresa de Acueducto de referirse a lo sucedido el fin de semana en la planta y que mucho de lo manifestado por la Agente interventora no pasó.
Se anunció que se empezará a buscar desde ahora la medida administrativa necesaria, para que el servicio de alimentación esté listo desde el inicio del 2019.