Los funcionarios le expresaron que se están haciendo traslados de recursos de forma indebida de unos rubros a otros, contratación de vigencias futuras, el retiro de las hojas de vida de la Oficina de Recursos Humanos sin la respectiva autorización del profesional a cargo, entre otras denuncias.
El Juez Roberto Vega Barrera basó la sentencia en el reciente fallo de la Corte Constitucional que dijo que, a través de la Consultas Populares no se pueden vetar las actividades extractivas y le quitó el poder de veto a los entes territoriales.
Luego de dos semanas de protestas y por considerar que no se está permitiendo el ingreso de estudiantes y docentes a las aulas de clase, se tomó la decisión.