Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad quedaron los exfuncionarios de la Administración de Raúl Flórez, implicados en procesos irregulares de contratación.
Mediante una Acción Popular el demandante, Guillermo Gaviria, solicita que se declare que la Superintendencia de Puertos y Transportes es responsable de la vulneración del derecho colectivo de los consumidores y usuarios.