Se pretende reglamentar la liberación de recursos de contratos suscritos por anteriores administraciones que no han sido liquidados, entre otros temas.
El convenio asciende a los $5.400 millones, recursos aportados en su totalidad por el Departamento por concepto de regalías, y fue adjudicado a finales de 2016, pese a que en tres oportunidades la licitación de adjudicación fuera declarada desierta.