Se inspeccionaron –conjuntamente– 147 centros en Bogotá y seis departamentos del norte del país, cuyos hallazgos derivaron en más de cien procesos de apertura de investigación. Las sanciones van desde una multa hasta por 193 millones de pesos o el cierre definitivo del establecimiento.
La situación económica para los comerciantes es difícil, agravada por la alta carga tributaria impuesta por el Municipio y los costos de los arrendamientos de locales.
El propósito es lograr acompañamiento por parte del equipo de la “estrategia territorial para la gestión equitativa y sostenible del sector de hidrocarburos”.