Según el Artículo 105 del Código Electoral “el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación”. Durante el 2012, la Registraduría Nacional del Estado Civil recaudó $269.433.387 por procesos en contra de jurados de votación. Los jurados que no asistieron a prestar su servicio en los tres eventos electorales de 2010, se sancionaron con multas hasta por $5.150.000 o la destitución del cargo si era funcionario público.